Apañarse legalmente

Ana Cristina Bracho | Octubre, 2019

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha analizado al detalle cuáles son las consecuencias de las sanciones sobre los países y con claridad demuestra que estas acciones aumentan la corrupción en los países a los que se les imponen. Las causas son sencillas, las sanciones son medidas destinadas a hacer más compleja la vida de un Estado al quitarle acceso a los mercados, recursos financieros, rutas comerciales y esto lo impacta en su totalidad, en la cual, están sus funcionarios y sus habitantes.

Una regla que parece casi matemática se aplica, al reducir los bienes y servicios disponibles en un país aumentará la necesidad y ante ella, las personas estarán dispuestas a hacer más o a dar más para obtenerlas. Los ejemplos para esto abundan, los tenemos en toda la historia del bachaqueo que como un pequeño ejército entró a destruir el sistema de redistribución y acceso  a bienes y servicios que se lograba con el control de precios.

Luego viene otro momento que es aquél donde las cosas y los servicios no sólo son difíciles de obtener por su disponibilidad sino por la dificultad de obtener recursos para pagarlos. Un país sancionado es un espacio donde el mercado se contrae porque se puede importar menos y exportar menos, porque la producción local siempre tiene ese tornillito, ese software o esa harina que antes se compraban afuera y que ahora, hay que producirlos también o ver de dónde los sacamos.

¿De dónde sacamos dinero? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se extiende cada semana esa quincena que se presenta insuficiente? Esas preguntas son válidas y llenan el presente. Por eso hay que abrir la puerta para hablar públicamente de ellas. Bien dirigidas y acompañadas pueden llevarnos a un nuevo modelo económico donde las personas impacten más con su esfuerzo nuestro PIB que engrosando Ministerios que poco han aportado al desarrollo del país.

Por eso, a esta crisis generada desde afuera debe dársele respuestas nuevas, capaces de entender que es un tiempo extraordinario. No  son pocos los profesores que no quieren abandonar sus aulas o los funcionarios que quieren seguir trabajando pero que se debaten cómo seguir haciéndolo sin caer en incompatibilidades o ilegalidades.

 Allí siento que nacen muchas preguntas que debemos contestar para evitar la soledad y la angustia. Por ejemplo, preguntarnos ¿cómo afectan las sanciones los asuntos relacionados con la transparencia, la correcta y legal celebración de los contratos públicos? ¿Cuál es la jornada de trabajo en la Administración Pública? ¿Cuáles son las otras actividades que generan ingresos y no son incompatibles? ¿Cuáles son las leyes que debemos reformar?

En la lucha anticorrupción lo más valioso es que la gente indique qué recursos tiene y de dónde vienen; que la gente viva en una cultura de honestidad y del buen uso de los recursos públicos y estos son los temas que en este contexto tenemos que discutir. No son las formas, es el fondo lo que hemos de cuidar y esto requiere empezar a pensar.

@anicrisbracho