Nuevas jugadas de la Guerra Jurídica: para-oficinas, un doble CNE y una extradición imaginaria

Ana Cristina Bracho | Febrero 2, 2020

Durante años hemos insistido en la necesidad de valorar jurídicamente las estrategias contra Venezuela. En un primer plano, hemos acompañado la idea de que parte de lo que ocurre es que los nuevos esquemas de dominio requieren el fin del Estado-nación como realidad así como generar el mayor nivel de caos posible en la sociedad. Para ello debemos recordar que uno de los elementos fundamentales de un Estado es su ordenamiento jurídico. Luego, tenemos que ver que toda la estrategia de pillaje viene sustentada en la creación de decisiones con apariencia de legalidad que permiten justificar transferencias de patrimonio y territorio, como lo vimos durante todo el año 2019, con la creación de personajes como Juan Guaidó y su procurador.

Cuando lo vemos desde esta óptica observamos que hechos abominables como los que se pretendió que ocurrieran el 23 de febrero de 2019 fueron presentados como la respuesta  a una decisión legítima de una autoridad nacional que pidió que penetraran su país y suspendió todos los protocolos de ingreso de personas y mercaderías a un territorio, lo que era una falacia pues lo que se intentó en los puentes de la frontera colombo-venezolana se trataba de una agresión en los términos del Derecho Internacional.

Fue con el mismo esquema que, en líneas generales, él se utilizó en la operación sobre CITGO presentada como el cumplimiento legítimo de una orden judicial dictada en un proceso justo para Venezuela donde habían participado agentes del Estado, aunque como ya lo describimos esto no fue más que una simulación para ejecutar el pillaje de un activo fundamental de nuestro Estado.

Si esto es posible, en buena parte, es por liquidez de los tiempos presentes, el manejo emocional y mediático de la política así como la creación de estructuras cada vez más injerencistas capaces de dar y borrar golpes de Estado, como vimos en el caso de Honduras y Bolivia, así como la certeza de nuestros adversarios de que mentir en temas relacionados con el Derecho es para ellos tan efectivo como inventar armas nucleares o masacres en las plazas públicas.

Estos hechos, en nuestra opinión constituyen una jugada de lawfare que no entendemos tan sólo como la judicialización del adversario sino como la utilización de mecanismos jurídicos o de simulaciones para obtener fines propios de la guerra, destruyendo la seguridad que otorga el Derecho así como intentando impactar las bases de la convivencia del  país.

Un ejercicio de memoria nos llevaría a pensar el año 2019 como la aceleración de estas prácticas sobre Venezuela cuando se constituyó en la opinión pública una Presidencia paralela en Venezuela sin que existiera la causa para ello: no había falta absoluta en el poder, el Poder Ejecutivo en Venezuela no se puede transferir al legislativo, no puede establecerse una Presidencia por la vía del consenso parlamentario y no puede dictarse un estatuto desde la Asamblea Nacional capaz de derogar ni condicionar la Constitución.

Si esto no nos bastase tenemos que nunca ocurrió una sesión parlamentaria sino una declaratoria en un acto de calle, con lo cual observamos que no hizo falta ni siquiera hacer una simulación creíble pues bastaba con la declaración de un grupo de sujetos internacionales dispuestos a avalar el acto para pretender obtener una figura dotada de poder suficiente para actuar en el extranjero.

Tras este hecho, ocurriría el dictado de una serie de papeles de la Asamblea Nacional que no tienen la forma ni el contenido de una ley, que no fueron publicados formalmente en el país y que advierten que están destinados a tener efectos en el extranjero. Seguidos de algunas posturas especialmente álgidas como afirmar que un llamado a una invasión extranjera sería un acto constitucional, que la toma de los activos era un acto soberano o que podía negociarse, a cambio de apoyo, la entrega de parte del territorio.

La encomienda no fue cumplida en Venezuela como estaba previsto y como observamos ocurrió en Bolivia donde la fuerza acompañó la mentira y la estrategia por ahora ha alcanzado sus propósitos entreguistas, racistas y restauradores.

En 2020, nosotros observamos cómo la oposición se dividió al desmarcase algunos sujetos que no se encuentran dentro de la operación para entregarle el destino nacional a los halcones imperialistas. Sin embargo, la fracción que sigue acompañando a Guaidó mantiene la estrategia mirando ahora nuevos objetivos: TELESUR y las telecomunicaciones, al tiempo que busca enredar los escenarios electorales que están previstos para el año en curso.

El 5 de enero de 2020, Juan Guaidó fracasó en su intento de reelegirse para presidir la AN.

Caso Telesur

La multinacional TELESUR es un canal de televisión fundado en revolución. Su importancia ha quedado probada en varios procesos difíciles para el Continente, en especial, en los golpes de Estado, siendo definitiva para impedir que se imponga una sola línea editorial sobre lo que ocurre en el Sur. Fue señalada en el mes de enero 2020 que sería objeto de medidas que buscarían sacar del aire su contenido y entregar la señal para ser administrada, presuntamente desde Miami y servir a la línea de comunicación que desde la derecha se quiere imponer.

En esta decisión seguimos observando elementos de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Se pretende tomar decisiones ejecutivas desde la Asamblea Nacional –ahora desde una fracción-, que persigue bienes que se encuentran en el extranjero –recordemos que TELESUR tiene varias sedes en el Continente- y cuya eventual apropiación sería sustentada en un acto que se presentará como dictado por “la única autoridad legítima”.

La jugada parece revelar la necesidad de congraciarse con los gobiernos neoliberales que se ven amenazados por un movimiento popular creciente que se cuenta y se reconoce en las pantallas de Telesur. El documento que anunciaba estas acciones así como la constitución de una comisión para este asunto fue declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Constitucional.

Caso Conatel

En estos mismos documentos fue mencionada la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que es una de las oficinas estatales más señaladas por la derecha desde que el gobierno nacional no renovó la concesión a RCTV. La intención de modificarla para privatizar el espectro quedó evidenciada desde que en el 2016 esta fuera una de las primeras leyes planteadas por la Asamblea Nacional y parece buscar mantener en la opinión pública nacional una idea que este sector autoproclamado se mantiene fiel a las banderas de la oposición histórica.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es según la ley que la rige, un instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de conformidad con las leyes.

Por lo tanto, como en el 2019 veíamos que la apropiación de CITGO por parte Cristallex era un pase de factura por la nacionalización de la minería, en 2020 no podemos pensar que se hable de tomar CONATEL o de “clonarlo” sin recordar ese capítulo.

Caso Merlano

La aparición en Venezuela de la ex Senadora colombiana Aida Merlano quien se fugó de la cárcel en Colombia colocó al gobierno de Duque en una diatriba. Tras haber recibido a Guaidó como Presidente se encontraba ante la necesidad de pedirle a las autoridades reales de Venezuela que, en virtud de los tratados de extradición vigentes entre los dos países, se envíe a la referida ciudadana colombiana de vuelta.

Sin embargo, para hacerlo tenía dos dificultades. La primera es que Colombia forma parte de los países que reconocen a Guaidó y promueven la salida del Presidente Nicolás Maduro, al tiempo que aprovecha la crisis venezolana para aprovecharse de la misma. La segunda es que en la hostilidad que el actual gobierno de Colombia mantiene con Venezuela ha optado por no cooperar en materia de extradiciones que son actos de cortesía, colaboración y reciprocidad diplomática.

En este punto es importante observar que Venezuela reclama la extradición de varios de sus ciudadanos que se encuentran demandados por la justicia nacional a Colombia, la cual, en especial en los últimos meses se ha negado a cooperar. Por ello, la situación parece verse trancada en el nivel imaginario –por el reconocimiento a Guaidó- y por la falta de colaboración neogranadina con Caracas.

Parecen ser estas las razones por las cuales Bogotá optó por pedirle la acción a Guaidó quien no tiene control de ninguna institución del Estado venezolano. Esta decisión fue incluso corregida en Twitter por Luis Amagro pero nos permite ver cómo, para los asuntos reales de un Estado esta estructura paralela es evidentemente inútil.

En este tema recordemos que Colombia no se ha limitado al reconocimiento de Guaidó sino que es la sede y domicilio de parte de la parainstitucionalidad conformada por una Fiscal depuesta y un falso Tribunal Supremo de Justicia, que podrían activarse para continuar la simulación.

¿Un nuevo CNE?

En enero 2020, nuestra realidad se modificó y ahora incluye una Asamblea Nacional paralela a la Asamblea Nacional de oposición y en desacato, que arriba a su último año parlamentario. Desde el foro itinerante que reconoce a Guaidó y señala a quienes sesionan desde el Palacio Federal Legislativo como traidores, se adelanta un proceso de elección de rectores del Consejo Nacional Electoral.

Este proceso lo llevan fuera del parlamento, sin realizar los trámites requeridos legalmente. Con ello, parece develarse una estrategia que busca ampliar el caos y conformar otra presunta duplicidad de autoridades en Venezuela. Una jugada que parece adelantar que en este año electoral veremos repetirse lo que ocurrió ante el llamado elecciones en el 2017, cuando en vez de inscribirse a la Constituyente la oposición realizó un plebiscito sin base legal, procedimiento electoral, ni consecuencias en la realidad.