Mujer ¿cambiar o cumplir la ley?

Ana Cristina Bracho | Marzo 5, 2020

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una Constitución feminista.

I.- Generalidades

La vigencia de una ley es un asunto que ha ocupado por siglos a los juristas porque todos los países están llenos de estanterías con leyes que se dictaron en algún momento y entre ellas, siempre hay alguna que la gente, ni siquiera los jueces, recuerdan. Para luchar contra esto, se ha intentado simplificar el asunto con reglas sencillas. La primera es que las leyes entran en vigencia cuando son publicadas o cuando lo diga el legislador y su desuso no significa que pierdan vigencia. Al tiempo que nadie puede decir que no conoce la ley para excusar su incumplimiento.

Con eso en cuenta, nosotros podríamos creer que el incumplimiento de la ley –por los ciudadanos o por el Estado- debería simplemente llevarnos a buscar que una ley se cumpla y no a que se nos ocurra una ley nueva. Sin embargo, las cosas no son así. Generalmente, cuando una ley se incumple y comienza su incumplimiento a generar consecuencias, por lo menos en Venezuela, se nos ocurre dictar una ley nueva.

Una que nos parecerá durante su debate y los meses siguientes  que es la solución a todos nuestros problemas: los que existían antes de que existiera la primera ley y los que se generaron por no cumplirla. En este proceso, además, suele el legislador ser creativo, punitivo, legalista, principista, prefiriendo palabras y penas grandes.

¡Penas al máximo! Ese es el grito de la opinión pública cada vez que ocurre un crimen atroz o que se comienza a repetir muchas veces una conducta terrible. Por eso, nuestras leyes penales no son un sistema sino un anecdotario. Lo que ha traído muchos problemas.

Hay delitos que están tipificados en varias leyes, por ejemplo, el contrabando. Hay delitos menores que tienen penas altísimas, delitos graves pero viejísimos que tienen al lado de estos penas bajísimas, y, en los últimos tiempos, un debate –casi una papa caliente- que lleva a que la solución sea quitarle los beneficios a los delitos.

Así, si usted es presentado por un delito que merece una pena así no haya ningún indicio de que usted se fuera a fugar, usted quedará privado de libertad mientras que si le condenan por otro delito, que no esté en esa categoría, usted podrá pagar la pena en plena libertad. Esto viene ocurriendo porque nuestra Constitución tiene una pena máxima: nadie puede ser condenado por más de treinta años, y, la pena máxima es la prisión aunque exista en el Código Penal un viejo régimen llamado presidio.

En Venezuela, se está dando un aumento sostenido de los casos de femicidio que se han presentado.

2.- La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ¿cambiarla o cumplirla?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una Constitución feminista. Lo es desde el lenguaje hasta el catálogo de derechos. Lo es porque fue elaborada con la participación de los movimientos de mujeres que venían avanzando en el país y porque incorporó los estándares que en materia de igualdad de género existían en el mundo, sin detenerse allí. Por eso, en su momento fue la primera ley nacional en desmenuzar los tipos de violencia y definirlos.

De modo, que resulta por lo menos sorprendente que sobre este instrumento sigan existiendo tras más de una década de vigencia tantos  cuestionamientos sobre si constituye una norma discriminatoria e incluso inconstitucional.

Ahora, en esta materia, el debate al que nos referimos sobre si el incumplimiento de su contenido debería generar un movimiento que obligue a que los ciudadanos y el Estado la cumplan, o, se debe dictar una nueva ley ocupa al movimiento de mujeres.

Al respecto nosotros podemos observar varias cosas:

Son estos elementos los que nos permiten concluir que el sistema dispuesto legalmente no está dando a las mujeres las respuestas que les prometió, siendo imperativo revisar cómo se han implementado –o no- las obligaciones que esta ley le imponía al Poder Ejecutivo así como a las gobernaciones y a las municipalidades, debiendo tratar con la debida urgencia la inexistencia de estructuras que están dispuestas en la legislación y destinadas a preservar los derechos de la ciudadanía.

La baja tasa de las condenatorias nos servirá para preguntarnos sobre aspectos procesales que no se han desarrollado correctamente. Por ejemplo, la persistencia de la convicción que los delitos que no ameritan penas mayores son delitos de bagatela y se desechan por economía procesal, obviando la naturaleza cíclica de la violencia de género.

Este es un tema crítico para cualquiera que se aproxime a pensar la eficiencia del derecho, donde conocemos que el quantum de la pena no atemoriza sino la probabilidad de ser aprehendido por la comisión de un hecho, pudiendo observar acá que pese a toda la ideación sobre las falsas denuncias y el uso ilegitimo del sistema de género, la posibilidad de responder por estos delitos sigue siendo ínfima.

Al tomar en cuenta estos aspectos así como el hecho que aquellos delitos de género que son admitidos hasta por los más conservadores como atroces: femicidio, trata, esclavitud sexual, las penas se encuentran en el borde de los treinta años y que este es el límite punitivo de la Constitución de 1999, nosotros estimamos que será muy poco lo que se avance mediante la reforma de la ley, o, inclusive con la adopción de una norma nueva porque lo que se trata es de sectores completos de la legislación que no han sido adoptados, cumplidos o incluso reglamentados.

Las organizaciones feministas en Venezuela han publicado una serie de exigencias sobre aspectos no tratados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

3. Exigencias actuales del movimiento de mujeres

Un capítulo aparte es el hecho que en el presente las organizaciones feministas en Venezuela han publicado una serie de exigencias sobre aspectos no tratados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entre ellas las publicadas en el comunicado #SoyMujerYExijo fechado de marzo de 2020.

Entre las cuales se encuentran:

Todas estas que forman parte obligatoriamente del contenido de esta ley, por ser normas referidas a delitos y a los procedimientos judiciales. Mientras otras, podrían ser objeto de una norma de menor rango, algunas incluso de resoluciones administrativas como:

Siendo estos elementos, que, en la víspera del 8 de marzo se encuentran sometidos al debate en el país, toda vez que la Asamblea Nacional Constituyente ha anunciado a la opinión pública nacional que se encuentra en la recta final de la adecuación de la legislación de género.